El 13 de julio de 2020 la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo el foro legislativo: “Vivienda y arrendamiento en tiempos de Covid-19”, en el que participaron diversos diputados, autoridades y miembros de la sociedad civil. El tema central fue la iniciativa de reforma al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de arrendamientos, presentada el pasado 8 de julio por las diputadas locales de MORENA Martha Ávila Ventura y Valentina Batres.
En dicho foro la ADI sostuvo que los sectores público, privado y social deben trabajar de la mano para mitigar la crisis generada por el Covid-19. Por ello, es importante promover condiciones que den certidumbre jurídica y permitan al sector inmobiliario recuperar la confianza necesaria para impulsar la ejecución de inversiones, desarrollar vivienda asequible y crear empleos.
La ADI, la AVER, la CANADEVI, el Colegio de Notarios, el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, coincidieron en que la iniciativa en cuestión parte de una problemática social existente: la dificultad en la que se encuentran los arrendatarios para cubrir el pago de sus rentas en la actual crisis sanitaria; sin embargo, los cambios propuestos no la resuelven ni benefician a arrendadores o arrendatarios, sino que generan incertidumbre jurídica.
La ADI expuso diversas propuestas a ser exploradas como solución al problema social identificado, de las que destacan: establecer la mediación como un requisito de procedibilidad de los juicios de arrendamiento, atribuir a los órganos de mediación facultades para la formalización de los contratos orales de arrendamiento, regular un procedimiento expedito para la renegociación del contenido de los contratos de arrendamiento y ponderar la creación de un organismo público de garantías inquilinarias.
De igual forma, la ADI expuso que la iniciativa es contraria a la política impulsada por el Gobierno de la CDMX, que promueve la construcción de vivienda asequible para su renta a través del Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. Su aprobación sería un incentivo negativo para la construcción de vivienda en renta, debido al alto nivel de riesgo que implicaría el arrendar, sin contar con garantías y sin medios de defensa expeditos que permitan el cumplimiento del contrato o la recuperación del inmueble.
El foro concluyó con la participación del Presidente de la Comisión, el Diputado de MORENA Eduardo Santillán, quien sostuvo que la iniciativa sería dictaminada en protección al derecho a la propiedad privada, evitando cualquier inconstitucionalidad, dando certidumbre jurídica a arrendadores y arrendatarios, y con el objeto de implementar mecanismos que agilicen la solución de controversias en materia de arrendamientos.
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